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Funciones de la comisión ejecutiva

  • Resolver las reclamaciones contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter previo a su impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa.
  • Requerir, a iniciativa propia o como consecuencia de denuncia o reclamación, la subsanación de incumplimientos de las obligaciones recogidas en esta ley.
  • Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta ley.
  • Resolver las consultas que en materia de transparencia o acceso a la información pública le planteen las administraciones públicas y otras entidades sujetas a esta ley.
  • Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa contenidas en esta ley.
  • Responder a las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.
  • Instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores de acuerdo con las previsiones del título III.
  • Aprobar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley.
  • Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • Promover la elaboración de recomendaciones, directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en la materia.
  • Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de esta ley.
  • Colaborar, en estas materias, con órganos de naturaleza análoga estatales o autonómicos.
  • Aprobar y remitir, en el primer trimestre de cada año, a Les Corts Valencianes y al Consell, una memoria específica sobre su actividad durante el año anterior relativa a garantizar los derechos en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta memoria comprenderá las reclamaciones y consultas tramitadas, así como las recomendaciones o requerimientos que el Consejo haya estimado oportuno realizar en esta materia.
  • Informar preceptivamente los proyectos normativos de la Generalitat en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

art. 42 de la Ley 2/2015